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Ley Ficrea’ amenaza ahorro y crédito de población de menores ingresos

ley ficreaLos cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que se discuten en la Cámara de Diputados y que se conocen como Ley Ficrea porque están pensados para evitar más fraudes como el ocurrido en esta empresa, podrían ser una medicina excesiva que, aunque evitaría nuevas irregularidades, podría dejar sin acceso al ahorro y crédito formal a millones de mexicanos que hoy no son atendidos por el sector bancario.

Estas reformas ponen en riesgo la operación de diversas instituciones financieras que otorgan crédito a la población de bajos recursos, como Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular, Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias. Incluso, pueden provocar que dejen de otorgarse casi 800,000 préstamos productivos.

Representantes de estas instituciones coinciden en que la ley representa un esfuerzo para corregir las fallas al sistema que se evidenciaron tras el fraude cometido en Ficrea, Sin embargo, también aseguran que tendrá como resultado una restricción de los créditos y una mayor marginación financiera entre la población de menores recursos, pues se elaboró con una visión parcial.

“El mayor problema de la ley es que los cambios se promueven desde el desconocimiento: se realizaron sin conocer la dinámica y las características de estas pequeñas instituciones que son la única alternativa para la población que ha sido marginada por los prestadores de servicios financieros. Permitir que estos cambios avancen va contra el objetivo de la reforma financiera, de poner los servicios financieros al alcance de toda la población”, dice Mario Herrera, fundador y presidente de la Fundación para la Inclusión y el Desarrollo, AC, un organismo que surgió después de un fraude con 57 cajas populares que afectó a más de 170,000 personas, principalmente en Oaxaca, en 2009.

¿Qué implica la nueva ley?
La Cámara de Diputados está por discutir la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la nueva ley para regular la actividad de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamos del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Entre las principales disposiciones destacan tres puntos que tendrán impactos colaterales:
Como parte de la ley se establece que las Sociedades Populares ya no contarán con supervisión auxiliar de órganos intermedios, como las federaciones. También habrá un cálculo distinto en las cuotas que las Sofipo deben aportar al Fondo de Protección. Sin embargo, esto no implicará una mayor cobertura para los ahorradores.

“La ley ahora señala que las aportaciones se realizarán calculadas en el total de los pasivos de las instituciones. Sin embargo, aunque las cuotas al fondo de protección aumentarán, la protección para los ahorradores no lo hará”, advierte Guillermo Colín.

Los que menos tienen, los grandes perdedores
Tan sólo las Sofipo tienen 6,163 cuentas de personas físicas con más de 200,000 UDI (cerca de un millón de pesos) y 617 cuentas de personas morales con cuentas de ahorro de más de 1,000,000 UDI (alrededor de 5.3 mdp). De entrar en vigor los cambios, las Sofipo deberán devolver esos ahorros, lo que implicará un retroceso en los niveles de otorgamiento de crédito.

Durante 2014, el sector, compuesto por 44 instituciones, presentó un crecimiento de 15% en otorgamiento de crédito. Las empresas asociadas a Amsofipo reportan activos por 23, 822 millones de pesos, con una captación de 17,037 millones de pesos y una cartera de crédito neta por 15,059 mdp. En total, este tipo de instituciones atienden a tres millones de personas en 1,199 municipios.

“Nosotros otorgamos créditos en lugares donde no hay acceso a servicios financieros sofisticados; hablamos de financiamientos por un promedio de 8,000 pesos. La iniciativa va en sentido contrario del objetivo de la reforma financiera, que es una mayor inclusión”, acusa Guillermo Colín, de Amsofipo.

La opinión es compartida por Juan Pablo de León, director de Comunicación Institucional de Caja Popular Mexicana. En su caso, dice, el límite de ahorro no representará un freno, pues los ahorradores de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular tienen un saldo promedio de 12,000 pesos. Sin embargo, señala, ninguna medida que ponga límites a la capacidad de ahorro resulta buena para las instituciones.

“Hay seis millones de familias atendidas por las cooperativas. Estas instituciones representan una alternativa formal con mejores esquemas que los ofrecidos por los agiotistas. En este modelo, los clientes son los dueños. Que se aprueben reformas que tienen impacto en el sector, sin consultar sus necesidades, es peligroso”, señala en entrevista.

Los riesgos que persisten
Más allá de las implicaciones en las instituciones, el mayor riesgo de la ley tiene dos vertientes: por un lado, no se consideraron las necesidades de la población atendida por las financieras populares; por otro, no se corrigieron los vacíos regulatorios que generan riesgos en la operación.

“No hay una vacuna contra los fraudes. En el caso de Ficrea había una persona con la intención de burlar los controles y de ocultar el ilícito. Es algo que se ve incluso en los grandes bancos. Sin embargo, sí podríamos haber esperado un mayor control en materia de gobierno corporativo y regulación auxiliar”, dice Colín.
Fuente: Forbes

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