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Dragon Mart tarda más de dos años conseguir permiso de construcción

dragonmartEl 22 de marzo de 2011 representantes de la empresa asiática China Mex presentaron a las autoridades de Quintana Roo el proyecto Dragon Mart, el cual se llevó más de dos años en conseguir que se autorizará su construcción.

El proyecto fue considerado en ese momento como la “más grande apuesta” por la diversificación de la economía estatal, que en aquel entonces estaba encabezada por el gobernador Félix González Canto.

Finalmente, ayer lunes el alcalde Julián Ricalde Magaña confirmó que el ayuntamiento local entregó la licencia de funcionamiento para el proyecto.

Señaló que “el ayuntamiento de Benito Juárez ya hizo lo que tenía que hacer en su oportunidad, decidimos entregarle al Dragon Mart la licencia de funcionamiento”.

Recordó que se hizo una amplia consulta y que al final, por cuestiones legales se ven obligados a otorgar el permiso.

Sin embargo, el plan se enfrentó al rechazo de empresarios, ambientalistas, políticos y autoridades municipales de Benito Juárez, donde se propone la ubicación de esa iniciativa también conocida como “El Tucán”.

El alcalde Ricalde Magaña y la diputada federal Graciela Saldaña Freire encabezaron la oposición oficial al proyecto, que pese a ese rechazo, dos años y cinco meses después, recibió la licencia de construcción del ayuntamiento local.

Cuando se presentó el proyecto, los desarrolladores informaron que la obra contaría con 100 mil metros cuadrados para exhibición y venta de productos de “alta manufactura”, sobre todo de los rubros de la construcción y electrónica.

Asimismo, se dijo que la primera inversión rondaría los 160 millones de dólares y estaría a cargo del grupo de capital chino que cuenta con intereses y proyectos similares en Dubai y Panamá.

De hecho, cuando se presentó el proyecto del complejo, los funcionarios chinos explicaron que incluso sería más grande que el Dragon Mart de Dubai y que incluiría también la edificación de cuatro mil viviendas, donde se alojarían los dos mil 500 ciudadanos chinos que vendrían a trabajar al lugar.

Todo ello en un predio de 84 hectáreas, de las cuales 235 mil metros cuadrados servirían para el área de construcción del proyecto.

La idea original era que la construcción del proyecto avanzara con rapidez y que incluso en 2012 el recinto fiscalizado permitiría reducir al mínimo los costos de importación y se haría del norte de Quintana Roo un competidor directo de Miami como exportador de mercancías a centro y Sudamérica.

Eso afirmó en ese momento Antonio Cervera León, dirigente en Quintana Roo de la Asociación de Profesionales Inversionistas y actualmente regidor electo para el Cabildo de Benito Juárez.

Sin embargo, ante la presión de ambientalistas y de las autoridades municipales de Benito Juárez, el proyecto original sufrió modificaciones, se canceló la construcción del hotel y cambió la densidad de la zona habitacional, además de que se involucró la participación de empresarios locales y de la península de Yucatán.

En la presentación de la solicitud de licencia de construcción, los promotores expusieron que el desarrollo se ajustó al Programa de Ordenamiento Ecológico (POEL) y a todas las reglamentaciones municipales, estatales y federales.

El documento establece que los trabajos de desmonte, aplanado y relleno “van muy avanzados” en un área de 577 hectáreas, en el predio conocido como El Tucán.

La solicitud de licencia de construcción que presentaron a las autoridades contempla que el Dragon Mart tendría tres mil 40 lotes comerciales, 722 viviendas, bodegas, oficinas y una plaza para eventos culturales sobre un predio de más de 500 hectáreas.

El gobierno municipal argumentó su negativa a otorgar el permiso porque “se trata de un desarrollo sobredensificado” y el proyecto “no es el mismo” que los promoventes presentaron al Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental a fines de 2012 para obtener la Manifestación de Impacto Ambiental estatal.

En esa ocasión, el alcalde Julián Ricalde Magaña indicó que la negativa a la licencia de construcción “es un resolutivo absolutamente sustentable y jurídicamente correcto”.

Mientras tanto, la empresa Real Estate Dragon Mart Cancún anunciaba que un tribunal unitario con sede en Chetumal había dado entrada a su demanda contra el ayuntamiento por excederse del plazo de cinco días marcado por la ley para emitir la resolución a la solicitud de construcción del proyecto, ingresada desde el 22 de febrero.

Al respecto, Ricalde Magaña respondió que “a mi juicio es una estrategia que termina dejándolos mal parados, además de que la medida judicial que están tomando abona a la opacidad con que han actuado desde un principio”.

El proyecto libró varios permisos y resoluciones ambientales y arqueológicos y faltaba la licencia de construcción que debía entregarle el ayuntamiento que, entre otras cosas, instaló un Consejo de Análisis con representantes empresariales, ambientales y especialistas en construcción para analizar varias cuestiones.

El director general del proyecto comercial, Juan Carlos López, detalló que en una primera etapa la inversión sería de dos mil 340 millones de pesos y que “ya se tiene una lista de cuatro mil 500 empresas chinas interesadas en venir a México”.

De acuerdo con datos recabados, el proceso legal empezó a clarificarse el 6 de septiembre de 2012, fecha en la que el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental estatal.

Asimismo, el 26 de septiembre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente determinó que “el proyecto no ha violentado leyes ambientales vigentes”.

Más adelante, el 18 de marzo de 2013 votaron a favor del proyecto los integrantes del Comité de Análisis para el otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Dragon Mart y obras derivadas.

Asimismo, el 25 de marzo los apoderados legales mostraron la constancia preliminar que emitió el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la que se establece que “no existen vestigios arqueológicos en el predio El Tucán, de 577 hectáreas”.

El 23 de abril, el gobierno municipal encabezado por Ricalde Magaña negó públicamente autorizar la licencia de construcción, pero “no lo hizo formalmente por escrito a Real Estate Dragon Mart” (los desarrolladores).

El 30 de mayo, la misma autoridad municipal de Benito Juárez anunció la aplicación de una multa de dos millones de pesos a Real Estate Dragon Mart Cancún por “remover 87 hectáreas de selva media” en el predio.

Un día después, en un comunicado, el propietario del predio El Tucán y socio de Real Estate Dragon Mart Cancún, Carlos Castillo Medrano, anotó que la sanción anunciada por el ayuntamiento “es ilegal y carece de sustento”, por lo que adelantó que interpondría un recurso de defensa.

Mientras, a principios de junio, el presidente de China, Xi Jinping, visitó México y hubo acuerdos en materia de carne de cerdo y textil con el gobierno mexicano y sin que se hablara del Complejo Dragon Mart.

A fines de agosto, en la recta final de la administración de Ricalde Magaña, la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo en su resolución instruyó al ayuntamiento de Benito Juárez en torno al juicio que promovió Real Estate Dragon Mart Cancún.

Con ello, la sala “condenó” al gobierno municipal a emitir la licencia de construcción y este lunes el alcalde Julián Ricalde Magaña anunció que entregó la licencia de construcción al proyecto Dragon Mart.

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